Cada vez son más las denuncias insólitas que llegan a dependencias policiales y judiciales. La última la conocimos esta semana cuando leímos que una familia musulmana había denunciado al profesor de su hijo por hablar del jamón ante sus alumnos. No es la única. Recientemente, un ladrón se torció el pie durante uno de sus asaltos y denunció al propietario de la casa por no tenerla en condiciones (el propietario era la Guardia Civil). De seguir así, ¿llegará el día en el que, como en las urgencias de los hospitales, nos recomienden acudir a los juzgados sólo en caso de extrema necesidad?
La facilidad a la hora de denunciar llena, cada vez más, juzgados y dependencias policiales de denuncias de lo más sorprendentes. Observen algunas de ellas: un vecino denuncia a otro porque las paredes de su casa son muy delgadas y “hace mucho ruido al orinar”; tras ir a una clínica estética pagó por implantarse 1.200 pelos y a él no le salen las cuentas: por más que enumera pelo a pelo sólo encuentra 1.150; reclama la compra de un Mercedes anunciado en internet a 1.200 euros por una errata; denuncia al bar donde se toma el café todos los días porque, por más que echa dinero en la máquina tragaperras, nunca le sale el premio gordo; una vecina lleva a otra ante la policía porque tiende su ropa en la ventana y eso “estéticamente es muy feo”; se compra una vivienda nueva y como le llegan cartas a nombre de otra persona sospecha que alguien vivió allí antes; una mujer denuncia a un supermercado porque dejó a su perro mientras hacía la compra y le robaron ¡la gabardina canina!...
José Luis Ramírez, que conoce de primera mano este tipo de denuncias y situaciones por ser magistrado en el Juzgado de lo Penal número 27 de Barcelona y Portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, asegura que “a veces da la sensación de que el juzgado de guardia se ha convertido en un servicio de urgencias. Es un asunto muy complejo. Existe cierta convicción de que los juzgados dan solución a todo y no es así, porque nosotros no podemos solucionar todos los problemas. Es más, crean una falsa expectativa a los ciudadanos y cuando esa solución no se produce les deja una sensación de indefensión, el sabor de que no han sido atendidos como merecen y de que los jueces no hacemos nuestra función. Contribuye a deslegitimar la idea que se tiene de nuestro trabajo”.
Hay ciudadanos que ven cómo su vecino se ha ido de viaje, ha dejado el grifo abierto y acuden a un juzgado en vez de llamar a los bomberos o a la policía para que se les solucione el problema. Otros muchos “se sienten tan indefensos que ven en la justicia la posibilidad de conseguir antes lo que se han propuesto, y los hay que se sienten completamente desasistidos. Cuando ven que ya les falla todo y no encuentran respuesta ni en los servicios de salud, ni en los servicios sociales, dan el paso de ir al juzgado. Les pongo como ejemplo padres que tienen hijos, con anomalías mentales y los denuncian porque creen que de esa forma pueden conseguir que ingresen a sus hijos en un centro por vía de urgencia”.
Tras el jamón, las babuchas para ir a clase
Ángela Cerrillos Valledor, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, cree que “no se puede limitar en un estado de derecho qué denuncias han de ponerse y cuáles no, porque una de sus garantías es precisamente que cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento de la autoridad competente lo que entienda que pueda ir contra sus derechos. Ahora bien, dar trámite a esa denuncia sí que ha de ser un proceso debidamente comprobado por la autoridad judicial. No sería partidaria jamás de restringir las denuncias, pero sí que debe haber mecanismos para no tramitar las más insólitas o temerarias”
En el caso de la familia que ha denunciado al profesor porque al explicar el clima en España argumentó cómo se curan los jamones en Trévelez, “si un musulmán integrista considera que están atacando su libertad y esa denuncia se archiva, difícilmente habrá otro que la ponga. Ahora bien, si hay un juez que le da cancha, pues habrá otras 200 más y a lo mejor no ya por hablar del jamón sino por haber llevado babuchas a clase”. Para Ángela Cerrillos “obviamente detrás de muchas de esas denuncias insólitas lo que buscan es publicitarse en los medios de comunicación. En este caso, creo que persiguen conseguir un espacio de reconocimiento a determinadas actitudes, buscan un blindaje de un espacio, pero todo lo que choque contra nuestra Constitución jamás ha de ser aceptado”.
Una cosa es la libertad religiosa y otra la idiotez
La legislación española tiene agujeros y quienes quieren utilizarla mal, lo consiguen, así al menos opina Serafín Fanjul, Catedrático de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. “Es inadmisible que un profesor no pueda hablar del jamón en su clase. Una vez que se ha producido el incidente habría que ver qué es lo que pretenden en realidad. Entramos en el terreno de las intenciones, ¿quieren sacar dinero con entrevistas en televisión?, ¿buscan el eco en los medios de comunicación?, ¿están actuando con el trasfondo de las autoridades marroquíes? No me extrañaría nada que estuvieran pinchándoles por detrás. Miren, una cosa es la libertad religiosa y otra llegar a estos extremos de idiotez”.
El profesor Fanjul insiste, sin embargo, en que la estrategia a seguir es la de provocar continuamente como sucedió “hace unos años con la niña del Escorial y la polémica del velo que se produjo cuando les indicaron en la escuela que no podían llevarlo. Cuando las televisiones enfocaban a las puertas del colegio había funcionarios de la Embajada de Marruecos allí. No se molestaban ni en disimular. Lo mismo sucedió con la discoteca La Meca en Murcia. No pararon hasta lograr que la cambiaran de nombre. No es que vayan a derribar el sistema pero poco a poco van pellizcando con su táctica de permanente provocación. Ellos son un millón ya en España y si se admiten a trámite este tipo de denuncias pronto veremos en algún barrio de Barcelona o de Madrid que denuncian a un ciudadano porque se bebió una cerveza delante de ellos”.
Lo mejor es consultar
La solución para evitar el colapso de dependencias policiales y judiciales pasa, según el magistrado José Luis Ramírez, por la información. “Más que filtros sería esencial hacer una labor pedagógica e informar al ciudadano de qué es lo que compete a la jurisdicción y qué no. Muchos acuden a ella por pura ignorancia”.
Hay quienes, además, acaban llevándose el sofoco de denunciar y terminan perdiendo tiempo y dinero y ganando sólo en frustración. Por este motivo, Sara García Carrascosa, directora jurídica de Legalitas, recomienda que siempre se ha de consultar “ante cualquier duda, agobio o inquietud un profesional les va a indicar si tienen posibilidades reales de salir adelante o de todo lo contrario. Claro que es muy importante que el abogado con el que consulten sea responsable para evitar lanzarse a demandas o denuncias que no tengan mucho sentido”. Antes de lanzarse a ejercer una acción, lo mejor es informarse para evitar “terminar perdiendo dinero y acabando con más frustración”.
